Solicitud de destitución de director del OIJ por incumplir obligaciones estatales

El día de hoy más de 60 organizaciones, colectivas y agrupaciones hicimos llegar a la Corte Plena, el Consejo Superior del Poder judicial y a la Fiscalía General las cartas adjuntas, a la vez enviamos a medios el pronunciamiento adjunto. Se solicitaron puntualmente 5 cosas a las autoridades del Poder Judicial:

  • una investigación al OIJ por incumplimiento de deberes y debida diligencia en la atención al femicidio de Luany Salazar,
  • una investigación a Walter Espinoza por violación del artículo 295 del Código Procesal Penal al divulgar información confidencial de un caso en investigación,
  • la capacitación del funcionariado en materia de derechos humanos,
  • la elaboración de un protocolo de atención a mujeres desaparecidas, y
  • la destitución de Walter Espinoza por incumplir con su deber.
Más de 60 organizaciones y grupos firmantes

Pueden acceder a la carta al Consejo Superior en este link, la carta a Corte Plena aquí y la carta a la Fiscala General Emilia Navas aquí Pueden ver el pronunciamiento completo en este link

Pronunciamiento de sociedad civil para la destitución de Walter Espinoza

El Instituto Nacional de las mujeres (INAMU) tambien sacó un comunicado al cual pueden acceder en este link diciendo que es ‘Lamentable e inaceptable la intervención de Walter Espinoza director del OIJ en audiencia en Asamblea Legislativa“.

Primera página de comunicado de INAMU

“Las declaraciones brindadas por el Sr. Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la audiencia ante la Asamblea Legislativa el día de ayer jueves, sobre la desaparición y posterior asesinato de Luany Valeria Salazar, son una manifestación del uso del poder del Estado contra la familia de una mujer, con diversas condiciones de vulnerabilidad y en riesgo social. Es lamentable e inaceptable la forma en que el señor Espinoza, a través de sus intervenciones, envía un mensaje al país señalando que existen ciudadanas de categorías diferentes, como si el derecho humano estuviese condicionado, reforzando estereotipos misóginos y trasladando la culpa del delito a la víctima, por no ajustarse a normas patriarcales de la sociedad machista, denegando con esto el efectivo acceso a la justicia de las víctimas e incumpliendo el deber del Estado.

El sistema de administración de justicia en nuestro país no puede permitir la presencia de prejuicios y estereotipos de género que se traduzcan en denegación del derecho al acceso a la justicia libre de discriminación. Dichos actos le otorgan poca veracidad a las víctimas, las culpabiliza y justifica los hechos delictivos por razones de género. Estas actitudes y prejuicios, que se traducen en prácticas negligentes e insensibles de funcionarios con poder de decisión, generan un retroceso en los derechos de las víctimas y particularmente de las mujeres víctimas de diferentes formas de violencia en nuestro país.

El abordaje dado por el Sr. Director del OIJ el día de ayer es totalmente incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos a los cuales Costa Rica se encuentra obligado a cumplir. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala, se establece claramente que: “La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales. Es así que según determinadas pautas internacionales en materia de violencia contra la mujer y violencia sexual, las pruebas relativas a los antecedentes sexuales de la víctima son en principio inadmisibles, por lo que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género”.

Mensajes como el enviado por el Sr. Espinoza el día de ayer pueden provocar además que futuras víctimas de mujeres desaparecidas prefieran permanecer en silencio antes de enfrentar una estructura estatal que las desacredita, denigra y expone ante la opinión pública.”

Por su parte la Secretaría Técnica de Género (organo técnico asesor del Poder Judicial en materia de igualdad de género, en el funcionamiento interno y en el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad) y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. sacaron un comunicado: Urgen protocolo diferenciado para investigar desaparición de mujeres

“La Coordinación de la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, lamentan, profundamente, las declaraciones del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza Espinoza, ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, relacionadas con la investigación en curso por la desaparición y eventual muerte de la joven Luany Valeria Salazar Zamora, por considerarlas estigmatizantes en perjuicio de la víctima y de sus familiares.

Ambas representaciones estiman que referirse a aspectos de la vida personal de la víctima y su posible relación con personas vinculadas a actividades delictivas, desvían el foco de la atención pública e institucional, sobre el objetivo de la investigación: la muerte dolosa de una mujer, la cual, según el Protocolo Latinoamericano para la Investigación de Femicidios tendría que investigarse bajo la presunción de una muerte por razones de género.

Además, en cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, de la manera más respetuosa, le solicitan al director del OIJ el establecimiento de un protocolo de acción e investigación para las desapariciones de mujeres, que tenga un enfoque de género, mediante el cual se tomen en cuenta las particularidades de este grupo de la población y especialmente, las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran mujeres, jóvenes y niñas.

Reconocen que la institución ha hecho grandes esfuerzos por la capacitación en temas de género, pero es en situaciones como en este caso en que se evidencia el camino que falta por recorrer; con declaraciones que no son adecuadas, y provocan una atención innecesaria en la víctima y su entorno, desviándola del verdadero responsable de la muerte.

La Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas” ha señalado que: “…la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos”.

Esta instancia agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en gran cantidad de fallos ha reiterado que los Estados, en especial los órganos encargados de la investigación de los casos de violencia contra las mujeres deberán abstenerse de emitir o fomentar estereotipos de género, y recordó una resolución emblemática, en el Caso González y Otras, conocido jurisprudencialmente como Campo Algodonero vs México, en que se señaló que las situaciones de discriminación en el acceso a la justicia, en perjuicio de las mujeres: “… se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso.

La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer.”

Noticias que han cubierto la denuncia:

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