La impunidad vigente en Costa Rica impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas

Este lunes 8 de junio, una experta de Naciones Unidas se ha manifestado acerca de cómo la impunidad vigente en Costa Rica impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas. Esto se suma a varios pronunciamientos ya que varias organizaciones y personas defensoras de derechos humanos hemos reiterado por años la ausencia de un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, el reconocimiento y registro de crímenes cometidos en contra de estas personas y de un protocolo de investigación que precisamente evite la impunidad hoy denunciada por la experta.

En mi caso en particular, desde hace 2 años he hecho solicitudes a la Defensoría de los habitantes y otras instituciones con apoyo de Naciones Unidas. Al día de hoy sigue sin actuar, la Defensoría, al punto que la última vez que le pedimos reunión nos dijo que nos avisaría cuando pasara la emergencia del Covid-19 y que estaban preparando algo. Esa negativa fue algo que se reiteró desde que denunciamos desde sociedad civil la muerte de Sergio Rojas y de manera posterior la de Jehry Rivera, a pesar de que también se ha denunciado ante varios mecanismos de derechos humanos como el Sistema Interamericano como los de Naciones Unidas y que para mayo del 2019, Costa Rica recibió en el Examen Periódico Universal, recomendaciones de 6 países sobre esta temática. 

Dejo algunos insumos para poder entender el contexto:

Sergio Rojas y Jehry Rivera participaron en una conferencia de prensa en 2013, a propósito de una fuerte agresión que este último había sufrido. A pesar de las denuncias oportunas, ambos fueron asesinados. (Foto: Fabián Hernández)

En todo caso, espero que este pronunciamiento sacuda por fin al estado costarricense y cumpla con su deuda de larga data y su deber jurídico de protección especial a las personas defensoras de derechos humanos.

Les dejo aquí abajo el comunicado:

Costa Rica: La impunidad vigente impide la protección efectiva de las personas defensoras indígenas, dice una experta de la ONU

GINEBRA (8 de junio de 2020) Una experta de la ONU expresó hoy su grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica, añadiendo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas están provocando una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno.

Costa Rica ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato del líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en marzo de 2019, el cual trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.

“Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo la experta de la ONU Mary Lawlor, la nueva Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

La experta dijo que otros ataques contra personas defensoras de los derechos humanos habían quedado parcialmente o totalmente impunes y “hasta que haya investigaciones adecuadas, y rendición de cuentas por estos crímenes, podemos ser testigos de más intimidación, agresiones y muerte.”

Un cambio en la ley de Costa Rica en 1977 estableció un marco legal para la redistribución de la tierra indígena ancestral ocupada por personas no indígenas pero la implementación de la ley ha sido lenta, y los líderes indígenas han realizado requisiciones pacíficas de las tierras para devolverlas a los pueblos indígenas. Esto ha provocado una reacción considerablemente violenta por parte de los ocupantes no indígenas de la tierra.

Mientras que el Gobierno de Costa Rica ha incrementado la presencia de la policía en las comunidades afectadas, las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas. Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores.

Desde el asesinato del líder indígena Yehry Rivera el pasado febrero, por ejemplo, su familia ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo una machete en la mano.

Pablo Sibar, un defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Broran que el Sr Rivera, también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados.

Minor Ortíz Delgado, un defensor indígena de la tierra, de la misma comunidad Bribri que el Sr. Rojas, recibió un balazo en la pierna en marzo. El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia.

“Parece que los perpetradores de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos frecuentemente andan sueltos cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, dijo la Relatora Especial.

La impunidad aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos.

El llamamiento de la Sra. Lawlor ha sido respaldado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Cali Tzay.

Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades costarricenses.

FIN

Los expertos: La Sra. Mary LAWLOR es la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. La Sra. Lawlor es actualmente profesora adjunta de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín. En 2001 fundó Front Line Defenders – la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos para enfocarse en defensores y defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. Como Directora Ejecutiva entre 2001 y 2016, la Sra. Lawlor representó a Front Line Defenders y tuvo un papel clave en su desarrollo. La Sra. Lawlor fue anteriormente Directora de la Oficina irlandesa de Amnistía Internacional entre 1988 y 2000, pasó a ser miembro de la Junta Directiva en 1975 y fue elegida Presidenta de 1983 a 1987.

El Sr. José Francisco CALÍ TZAY (Guatemala) es el nuevo Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es maya kaqchikel de Guatemala, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. El Sr. Calí Tzay fue fundador y miembro de diferentes organizaciones indígenas de Guatemala y el Embajador de Guatemala en la República Federal de Alemania. Fue Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA) y Presidente del Programa Nacional de Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El Sr. Cali Tzay fue Presidente del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, órgano creado en virtud de un tratado, del que fue elegido por cuatro períodos consecutivos de cuatro años cada uno.

Los Relatores Especiales forman parte de losProcedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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